Retos y Avances, de la Inteligencia Artificial en la Administración Tributaria Panameña
Presenta: Dra. Nora Elizabeth Urby Genel
El Mag. Rafael Brown Rangel aborda con determinación uno de los dilemas más urgentes del presente tributario: la introducción de la inteligencia artificial en los mecanismos de fiscalización. La transformación digital de las Administraciones Tributarias, presentada como avance ineludible, conlleva una paradoja que aún no se resuelve: cómo conciliar la eficiencia algorítmica con la protección efectiva de los derechos del contribuyente. El discurso de modernización —inteligencia artificial, cruce masivo de datos, automatización, trazabilidad digital— promete una administración más precisa y menos discrecional. Pero también abre una grieta peligrosa: la tentación de reemplazar el juicio humano por opacidades tecnocráticas sin control democrático real.
La inteligencia artificial aplicada sin contrapesos ni estándares éticos sólidos, lejos de ser neutral, puede profundizar desigualdades, replicar sesgos, vulnerar el derecho a la privacidad y erosionar garantías procesales. Aparentemente impulsada por la eficiencia, la digitalización tributaria puede derivar en vigilancia masiva y decisiones automatizadas sin rostro ni rendición de cuentas. La Administración Tributaria, en tanto autoridad del Estado, no puede desligarse de su deber esencial de garantizar una tributación justa, transparente y conforme al Estado de Derecho. En esta clave, el Magistrado Brown Rangel se sitúa en el centro del debate: reconoce los avances, identifica sus límites y propone una vía que preserve el equilibrio entre innovación tecnológica y legalidad sustantiva.
Así, el texto no solo revisa los progresos técnicos en Panamá, sino que problematiza su aplicación sin normas de compliance claras ni órganos de supervisión efectivos. Si la reingeniería de los sistemas tributarios pretende ser también una revolución jurídica, no puede dejar de lado la exigencia mínima de una ética pública orientada a los derechos humanos. Porque si bien los algoritmos pueden optimizar procesos, no deben jamás sustituir a la justicia.